Esta mañana de miércoles y dentro de la segunda fase de la Operación Heracles, agentes de la Guardia Civil han entrado en las instalaciones del restaurante Río Grande, en la calle Betis, para efectuar un intenso registro.
La pista sobre el restaurante de la ribera del Guadalquivir lleva años siendo uno de los puntos pendientes de la juez Mercedes Alaya. El restaurante fue investigado ya en 2005 cuando se detectaron «intrusos» en el expediente de regulación de empleo que realizó la empresa hostelera, que se acogió a esta medida a pesar de contar con beneficios.
La juez Alaya dedicó un capítulo entero a la causa de este restaurante. Este expediente de regulación de empleo incluyó una póliza de seguro de rentas en favor de la vecina de Sevilla María del Carmen Fontela, pese a que ella jamás había trabajado en este negocio, toda vez que otra trabajadora disfrutó de la prejubilación pese a que su edad superaba ya la correspondiente a la jubilación y había sido contratada sólo tres meses antes.
Supuestamente, y según aseguraba la juez Alaya, la empresa no tenía dinero para pagar a sus trabajadores, pero sí que encontró que se había realizado un depósito de 96.000 euros con destino a la empresa Atrado Mensajería, una de las sociedades pantalla que usó Juan Lanzas para recibir el dinero procedente de los ERE fraudulentos.
La dueña de Río Grande, María del Carmen García, fue imputada dentro de la trama por la juez. En mayo del año pasado, la magistrada decretó el embargo del restaurante por dos millones de euros. En este restaurante, según contó la propia dueña de la empresa ante la juez, se organizó una gran comida de despedida organizada por los sindicatos en honor de Francisco Javier Guerrero, principal implicado de la trama y actualmente en prisión.
R.T.
